En esta sección encontrará los principales textos legales vigentes, nacionales e internacionales, que contienen disposiciones directamente relacionadas con pueblos indígenas. En el caso del pueblo rapa nui, se han incluido los estatutos que regulan el territorio especial de la Isla de Pascua, en tanto ésta constituye su territorio histórico.
Del mismo modo, podrá acceder a documentos pertinentes elaborados tanto por terceros como por especialistas por la Biblioteca del Congreso Nacional.
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Poblete Vásquez, Mario Eduardo
El Pueblo Mapuche es una sociedad principalmente oral, debido a que su lengua no fue establecida en signos escritos, sino hasta la colonización española. Esto también se ve reflejado en su derecho consuetudinario, conocido como Az Mapu, el cual tampoco ha sido codificado en normas escritas. El Az Mapu, por su parte, hace referencia a cuestiones que regulan el comportamiento entre las personas y de estas con su entorno, proporcionando lineamientos para una vida correcta, virtuosa y en armonía. Los principios que destacan son: la horizontalidad en las relaciones humanas, fundada en la reciprocidad; y la individualidad, pero constreñida por un acento en lo colectivo, es decir, atendiendo a la cohesión de la comunidad; entre otros. La estructura social mapuche se basa en una unidad social básica conocida como lof, el cual corresponde a grupos consanguíneos, patrilineales, basados principalmente en el parentesco, siendo una de sus características esenciales la horizontalidad entre los lof. En este sentido, es posible encontrar un carácter federado y de alta autonomía entre estas unidades sociales. Dentro de los roles principales de la sociedad mapuche está el de lonko. Este corresponde al líder político y espiritual de cada lof. Otro rol relevante es el de werken, quien es la persona de confianza de los lonko, cumpliendo la función mensajeros y voceros de sus comunidades. También está el rol de machi, quien es una líder espiritual y cumple funciones ceremoniales dentro de la religiosidad mapuche, además de atribuírsele poderes taumatúrgicos, siendo también la encargada de la salud de sus comunidades.
Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa
Tras el regreso a la democracia en Chile, todos los gobiernos electos desde 1990 en adelante, han elaborado políticas en torno a los pueblos originarios, así como también otros enfocados hacia el denominado “Conflicto mapuche”. Las políticas públicas con enfoque indígena se han revisado y discutido en comisiones presidenciales, en organismos asesores del gobierno y en otras instancias público/privadas. En cada uno de estos organismos asesores o comisiones han participado representantes de los pueblos originarios, de organismos gubernamentales y también del ámbito empresarial.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas de buena fe y con la finalidad de alcanzar su consentimiento, cada vez que se prevea adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectarlos. Estas últimas incluyen a los proyectos de ley. De acuerdo al estándar internacional, la consulta procede cuando exista una posibilidad (no certeza) de un impacto impacto directo (no remoto) y específico (en tanto indígenas) de la medida propuesta sobre derechos o intereses indígenas. Además, las medidas de resguardo, no pueden adoptarse contra la voluntad de los pueblos concernidos. De particular importancia en el derecho internacional, es la protección de territorios indígenas, entendidos éstos como el hábitat con el que los indígenas se relacionan, incluyendo sus recursos naturales. Lo anterior, apunta a que las medidas legislativas que busquen la regulación del acceso a tierras, territorios o recursos naturales, afectando derecho e intereses de un pueblo indígena, generan el deber de consulta previa. La práctica legislativa chilena muestra que se han aplicado distintos criterios de susceptibilidad de afectación directa. Los proyectos de ley que afectan específicamente a pueblos indígenas, han sido siempre consultados, incluso, en algunos casos, durante la tramitación parlamentaria. Los de alcance general que contienen disposiciones específicas sobre indígenas suelen consultarse, unas veces la propuesta completa y otras sólo las cláusulas especificas. Respecto de aquellos de alcance general, que sin contener cláusulas específicas, pueden afectar elementos esenciales de la identidad indígena, existe disparidad de criterios.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
Los diferentes gobiernos revisados han utilizado, en mayor o menor medida, la figura de comisiones presidenciales o asesoras para analizar, evaluar y/o proponer políticas públicas en materia indígena en general, y mapuche en particular. Las comisiones varían en cuanto a su composición, mandato y metodología. Todas ellas han contemplado en diversa medida la participación indígena. Algunas de las propuestas emanadas de estas instancias se han mantenido en el tiempo, como en su momento la ratificación del Convenio 169, o hasta la fecha, la reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas y sus derechos. Otras, como las relativas a las tierras y territorios, varían en un espectro que va de la sustitución del sistema vigente a su perfeccionamiento. A partir de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT, se percibe el surgimiento de la consulta previa indígena como una modalidad de participación indígena.
Poblete Vásquez, Mario Eduardo
En Chile, si bien desde la década de 1990 hasta la actualidad hay considerables avances en términos de Educación Intercultural Bilingüe, aún se observa que esta permanece anclada a concepciones asimilacionistas —es decir, renunciando a aspectos sociales distintivos de una cultura indígena— y que conciben a la diversidad étnica en términos eminentemente folclóricos o festivos. En este sentido, las demandas del mundo indígena avanzan más allá de los aspectos denominados folclóricos. En particular, en el contexto de la EIB, se persiguen, al menos tres objetivos: Que el sistema educativo sea intercultural para todos los chilenos, que la EIB alcance a todas las niñas y niños de los pueblos indígenas, que exista participación indígena efectiva en la toma de decisiones sobre educación. Finalmente, hasta la fecha de este informe, se puede observar una desconexión entre, por un lado, los avances logrados hasta ahora por el Programa de EIB del MINEDUC y, por otro lado, las demandas del mundo indígena y sus organizaciones promotoras.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
En las últimas décadas, el derecho internacional ha procesado los reclamos de los pueblos indígenas como una cuestión de derechos humanos. El movimiento mapuche ha presentado sus reivindicaciones utilizando ese lenguaje. Este informe presenta cinco demandas mapuche en clave de derechos humanos: la autonomía territorial como forma de libre determinación indígena; la libertad de los dirigentes y comuneros encarcelados en el marco de procesos vinculados a la violencia rural, como reparación a violaciones al debido proceso; la representación parlamentaria mapuche y la consulta previa indígena como derecho a la participación política; la demanda territorial como derecho a la tierra y al territorio y al medio ambiente; y la educación intercultural como derecho a la educación. Además, se describen los estándares internacionales correspondientes y los principales actores que sostienen las respectivas demandas. En el caso de la demanda territorial, se pone el foco en la descripción del conflicto.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
El Convenio 169 de la OIT establece la obligación de consultar en forma previa las medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. El Relator Especial ha agregado que debe tratarse de una afectación que impacte de manera diferenciada a los pueblos indígenas (especificidad de la afectación), y que debe incluirse la participación indígena en todas las fases de la formación de la ley. El Decreto que regula esta obligación respecto del poder Ejecutivo señala que lo que debe consultarse son los ante-proyecto cuando sean causa directa de una afectación significativa y específica. La práctica legislativa muestra que se han aplicado distintos criterios de susceptibilidad de afectación directa. Existe consistencia en relación con los proyectos de ley establecen disposiciones dirigidas explícitamente a pueblos indígenas. Cuando se trata del estatuto general aplicable a recursos naturales ha primado la no afectación (UPOV-91, Código de Aguas, Ley General de Pesca), a pesar de la opinión en contrario del Relator Especial de Pueblos Indígenas. Sin embargo, la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas sí fue sometido a consulta, ateniendo la eventual afectación de tierras y territorios indígenas. Por otra parte, también ha sido sometido a consulta previa la creación de organismos públicos, aun cuando no contenían disposiciones específicas sobre indígenas, posiblemente porque su configuración podría afectar directamente a pueblos indígenas, por ejemplo, en materia de participación en la elaboración de planes y programas.
Hernández Araya, Rafael Andrés
Dentro de los mecanismos que los países adoptan para incluir a las minorías étnicas en sus legislaturas, los escaños reservados son parte de los más recurrentes. Sin embargo, con el objeto de garantizar la inclusión de representantes indígenas en los parlamentos puede optarse entre diversos tipos de arreglos. Usualmente, las legislaciones se decantan por el establecimiento de distritos especiales, en los que solo pueden presentarse candidatos que pertenezcan o representen a comunidades indígenas. En el caso de Colombia, la circunscripción especial creada para tal efecto es de índole virtual, pues no se constituye como una parte de la división territorial del país. Por tanto, cualquier elector puede optar por participar de la elección de representantes indígenas, o no. Para el resto de los casos tratados – Bolivia, Fiyi, India, Nueva Zelanda y México -, los distritos electorales se conforman como partes específicas del territorio, típicamente aquellas donde la concentración de población indígena es mayor.
Poblete Vásquez, Mario Eduardo
Este informe comienza definiendo los conceptos de multiculturalismo e interculturalidad, los cuales, en general, están asociado s a procesos de integración de la diversidad cultural, tienen orígenes geográficos diferentes. Luego, el foco se posiciona sobre la problemática de la integración cultural en Bolivia y Ecuador, previa a la ascensión al poder de Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente. A continuación, el informe describe la situación más reciente de los modelos de integración indígena y cultural en estos dos países, para, finalmente, describir dos políticas específicas relativas a este ámbito, que son las de Educación Intercultural Bilingüe.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
La Comisión Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, ha requerido información para determinar si el contenido de cinco proyectos de reforma constitucional que están pendientes de tramitación en dicha comisión, ha sido incluido en lo consultado en el Proceso Consulta Constituyente Indígena impulsado por la presidenta Bachelet en el año 2017, en el contexto del proceso constituyente. Con ese objetivo,el presente documento se organiza entres partes. La primera presenta brevemente los elementos centrales de la obligación internacional de consulta previa indígena. La segunda, reseña el proceso de consulta previa indígena impulsado por el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet en el marco del proceso constituyente, esbozando los hitos de su desarrollo y sintetizando sus resultados. El último apartado resume las ideas matrices de cada uno de los proyectos indicados por la Comisión requirente, y lo contrasta con los temas que fueron objeto de la consulta constituyente indígena.